Temiendo lo peor en esa mañana de principios del mes de julio de 2001, Leonardo del Valle, quien iba al volante de la camioneta, pisó el acelerador. Demasiado tarde. Balas disparadas desde el auto blanco atravesaron el vehículo.

Cuando callaron los disparos, Roberto, de diez años, hijo de Esperanza, yacía boca abajo en el piso del auto, cubierto de sangre. Murió poco después.

Tres sujetos del vehículo blanco fueron aprehendidos. Todos eran miembros de la policía judicial del estado de México. (Un cuarto individuo logró escapar.) Fueron llevados a una cárcel estatal, pero estuvo a punto de estallar una gresca cuando varios de sus compañeros intentaron liberarlos.

Los investigadores estatales creen que los tres policías querían asaltar a Esperanza. Todos los inculpados se declararon inocentes. Podrían hacerse acreedores a 50 años de cárcel si se les encuentra responsables de homicidio. Pero ya pasó un año del ataque y aún no se les juzga. Las autoridades que apoyaron a la familia ya no ocupan los puestos que tenían entonces o han perdido interés en el caso.

La señora García Murillo llora a Roberto, pero también está indignada. "Quiero que se le haga justicia a mi hijo", dice. "No quiero que los policías se salgan con la suya".

Con demasiada frecuencia, sin embargo, los policías cometen delitos impunemente, y no sólo en México. "La corrupción también existe en Estados Unidos y otros países desarrollados", dice Jorge Chabat, profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas de la Ciudad de México. "Pero la diferencia entre estos países y América Latina es que, en los primeros, la corrupción es la excepción. Aquí es la regla".

Hace tres años, por ejemplo, el jefe de la policía de Bolivia renunció en medio de acusaciones de corrupción. Su subordinado inmediato lo reemplazó y no tardó en reinstalar a 172 policías que ya habían sido despedidos por corrupción.

El reportero gráfico argentino José Luis Cabezas estaba investigando a un hombre de negocios sospechoso de corrupción en 1997 cuando lo asesinaron de dos tiros en la cabeza a quemarropa y luego lo incineraron. Tres ex policías, entre otros, fueron sentenciados a cadena perpetua por el homicidio. Un cuarto policía fue sentenciado a cuatro años.

Más recientemente, el jefe de la policía de Buenos Aires renunció cuando le lanzaron acusaciones en el sentido de que algunos de sus agentes estaban vendiendo protección a los líderes de una red de prostitución.

Los policías de América Latina tienen sueldos que no les alcanzan para vivir. Hay quienes ganan apenas 50 dólares al mes y tienen que comprar sus uniformes, gasolina, armas y balas. Muchos tienen dos trabajos para poder subsistir. Otros caen en la tentación y aceptan sobornos cuando detienen a alguien por violar el reglamento de tránsito, extorsionan a dueños de tiendas e incluso participan en robos y secuestros.

Lo que es peor, el mismo poder para infringir las leyes impunemente es lo que atrae a los criminales a ingresar en las fuerzas policiacas. "Por lo menos 60 por ciento de los policías mexicanos tienen antecedentes penales", asegura el criminólogo Rafael Ruiz Harrell, uno de los mayores expertos de México en cuestiones de seguridad.

Este mal llega hasta los niveles más altos. En años recientes, el director de la Policía Judicial Federal mexicana y el comisionado del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas (ambas instituciones ya desaparecidas) fueron encarcelados por colaborar con los capos de las drogas. De hecho, muchos de los narcotraficantes más notorios estaban acreditados como policías, incluido Ramón Eduardo Arellano Félix, miembro del cartel más poderoso y violento de México, quien fue muerto en un enfrentamiento a balazos con la policía en febrero de este año.

No es sorprendente que, de acuerdo con una encuesta nacional publicada en la revista mexicana Este País, la policía haya resultado ser la institución menos confiable. Los mexicanos, dicen los encuestadores, no confían para nada en las fuerzas policiacas. Pero esta falta de confianza no conoce fronteras. Un plomero de 46 años que vive en Río de Janeiro dice: "La única diferencia entre un policía y un narcotraficante es que el primero viste uniforme. Yo le temo más a la policía".

El miedo que expresa este hombre es el resultado de incontables episodios como el que padeció Claudiney Rezende Ferreira de Oliveira, su esposa y su hijo de tres años en las afueras de Río de Janeiro en octubre de 2000.

Al acercarse a la Avenida Ayrton Senna --como afirmaría posteriormente De Oliveira en una declaración jurada--, un policía uniformado le indicó que se detuviera y le pidió su permiso de conducir y su registro, y luego le dijo:

--Estos papeles pudieron haber sido falsificados.

De Oliveira dijo que fue llevado a fuerza de empellones a una camioneta pick-up de la policía, donde otros dos agentes lo obligaron a que les entregara su billetera, que contenía 280 reales (115 dólares). Luego lo condujeron a un cajero automático, de donde tuvo que retirar 500 reales (200 dólares).

Entre tanto, a la esposa de De Oliveira también le robaron, mientras su aterrorizado hijo de tres años iba sentado a su lado. Tuvo que firmar ocho cheques, cada uno por 1000 reales (alrededor de 400 dólares).

De Oliveira relata que los liberaron dos horas después, pero no sin antes advertirles:

--Será mejor para ustedes que no hablen de esto con nadie. Sabemos dónde viven e iremos a visitarlos si hay problemas.

Pese a ello, De Oliveira notificó del asalto a la Oficina Auditora de Justicia Militar, y cuatro policías fueron arrestados y acusados de secuestro, extorsión y falso arresto. Los sujetos niegan los cargos y están en prisión, en espera de ser juzgados.

Aun así, De Oliveira y su esposa viven con el temor de que los culpables evadan la acción de la justicia y los busquen. Dice el hombre: "Sentimos como si todo el tiempo estuvieran detrás de nosotros".

A los policías de América Latina también se les teme por su largo historial de abuso de los derechos humanos, historial que incluye la tortura y el asesinato. "La impunidad es un problema crónico", dice Diego Zavala, experto de Amnistía Internacional. "Los asaltos y asesinatos cometidos por la policía no se investigan, y, las pocas veces en que sí se hace, casi nadie es llevado a juicio".

En Brasil, cuando hay dos versiones distintas sobre la participación de la policía en homicidios injustificados, los funcionarios suelen adoptar la de la policía, dice el sociólogo Ignacio Cano, experto en violencia y derechos humanos de la Universidad Estatal de Río de Janeiro. "En 2000, las cifras oficiales del estado de Río muestran que 444 personas murieron por "resistirse a la autoridad'. Empero, hay muchas pruebas de que la cifra real es del doble, por lo menos". Cano agrega que la policía fue responsable de al menos 10 por ciento de los 6000 homicidios que se cometieron en el estado de Río en 2000.

En muchas ocasiones, de acuerdo con Cano, la policía simplemente detiene a criminales sospechosos, los ejecuta en un sitio apartado y declara en su informe que murieron en un tiroteo cuando se les sorprendió cometiendo un delito. En São Paulo, la Comisión Especial para la Reducción de la Letalidad en Acciones que Involucran a Policías estudió 332 informes de necropsias para la ciudad de São Paulo en 2000; más de 13 por ciento eran casos de personas muertas por la espalda, y casi 23 por ciento recibieron cinco o más tiros.

Según los expertos, las raíces de la corrupción policiaca se remontan al pasado colonial de América Latina, cuando muchas veces los puestos en la policía y en el poder judicial eran otorgados por los funcionarios locales. "Esta estructura institucionalizó la corrupción y permitió que se cometieran abusos impunemente", dice Augusto Sánchez Sandoval, antiguo profesor del Instituto Nacional de Ciencias Penales.

Esta falta de democracia todavía reina en algunos estados de la región, de acuerdo con Sánchez Sandoval. "Hoy, la policía es corrupta porque los sistemas gubernamentales en su conjunto son corruptos. Por cada policía corrupto hay un funcionario corrupto encima de él".

Otro escándalo es el maltrato de menores, especialmente de los niños de la calle que se convierten en delincuentes. En octubre de 2001, por ejemplo, el presidente de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, en Argentina, anunció que 1000 menores habían acusado formalmente a la policía provincial de tortura y maltrato el año anterior. Otros 60 menores habían muerto en "supuestas confrontaciones" con la policía. Un porcentaje muy reducido de estas acusaciones o muertes tuvieron castigo.

Una acusación especialmente horripilante tuvo que ver con cuatro niños de Quilmes, un suburbio de Buenos Aires. En mayo pasado presentaron declaraciones juradas ante las autoridades judiciales en las que acusaban a un policía llamado ángel Fontanini de repetidas violaciones a los derechos humanos.

Un joven de 17 años, Enrique León*, dijo que fue llevado a la Comisaría Primera de Quilmes, en la esquina de las calles de Sarmiento y Alem. De acuerdo con León, Fontanini les ordenó a él y a otros más que se desvistieran y se inclinaran hacia delante. Luego les gritó: "ábranse el trasero. Quiero verles el hoyo". Quienes se negaron fueron golpeados salvajemente.

Ese fue sólo el comienzo. Dice León que a él y a los otros los obligaron a hacer 60 sentadillas desnudos sobre el piso de una celda empapada de orina. Los forzaron a liarse a golpes entre ellos hasta sacarse sangre para divertir a Fontanini y a sus compañeros. En otras ocasiones, los policías entraban de improviso en sus pequeñas celdas para golpearlos con saña. El abuso, dice León, duró tres semanas.

Fontanini negó las acusaciones. Después de una investigación formal por parte de las autoridades judiciales y de una audiencia ante la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, simplemente lo transfirieron a otra comisaría.

La mala conducta de la policía es un problema añejo para el cual no existe una solución fácil. Aun así, los expertos opinan que deben darse estos cuatro pasos si se quiere corregir el problema:

1. Mejores salarios. A muchos jóvenes brillantes les atrae la idea de hacer una carrera en la policía porque desean ayudar a hacer de sus comunidades mejores lugares para vivir. Su idealismo debe ser recompensado con un salario decente. No deberían tener que pagar la gasolina de sus patrullas, ni sus armas y uniformes.

De hecho, la única manera de atraer a los mejores candidatos es hacer que las prestaciones laborales sean competitivas. En la Ciudad de México, por ejemplo, se acaba de duplicar el salario de los nuevos policías federales a cerca de 1000 dólares por mes.

2. Mejor capacitación. Un trabajo policiaco efectivo requiere de entrenamiento especializado. Sin embargo, en muchos países las fuerzas policiales no son más que una extensión de las fuerzas armadas.

Esto puede cambiar. Hace diez años, cuando El Salvador puso fin a su guerra civil contra los guerrilleros izquierdistas, la policía estaba constituida por miembros del Ejército y fuerzas paramilitares acusadas de violar los derechos humanos. Con el fin de ayudarlos a entrenar a una fuerza policial civil, el Programa Internacional de Asistencia para la Capacitación en Investigación Criminal, del Departamento de Justicia de Estados Unidos, envió a ese país a ex jefes de policía y otros expertos estadounidenses en cuestiones policiales. Se han invertido en el programa más de 30 millones de dólares en entrenamiento y equipo y, de acuerdo con el Ministerio de Gobernación de El Salvador, la corrupción policiaca ha disminuido.

3. Mejor rendición de cuentas. En México, los policías corruptos pueden saltar de ciudad en ciudad porque no existe un sistema de supervisión centralizado. "Un policía corrupto puede ser despedido en Hidalgo y reaparecer al día siguiente en Morelos", dice el criminólogo Ruiz Harrell. "México tiene muchos policías, pero no sabemos cuántos son, dónde están, cuáles son sus antecedentes y qué armas portan".

El presidente Vicente Fox ha propuesto la creación de un registro nacional de policías, pero esta iniciativa no ha progresado. También ha nombrado un "zar anticorrupción", pero no han rodado cabezas.

Tendrán que rodar. Menos de seis meses después de la elección de Fox, los dos funcionarios policiacos federales de mayor rango en el estado de Chihuahua y 15 de sus agentes fueron arrestados después de que se les acusó de intentar vender plazas de la corporación hasta en 500,000 dólares.

4. Una reforma judicial. De acuerdo con muchos observadores, los policías corruptos muy rara vez se enfrentan a la justicia debido a que los jueces que deberían castigarlos también son corruptos. La respuesta, dice Peter M. Sánchez, profesor adjunto de ciencias políticas en la Universidad Loyola de Chicago, es "la creación de un sistema judicial más independiente que no se sienta obligado con una élite poderosa". Argumenta Sánchez que, para aislarlos del proceso político, los jueces deberían ser elegidos y no nombrados, o bien fungir durante periodos más largos.

"La corrupción es como un virus que ataca los mecanismos de defensa de la sociedad", dice Rodrigo Guerrero, ex alcalde de Cali, Colombia, y consultor de la Coalición Interamericana para la Prevención de la Violencia. "Su blanco principal son la policía y el sistema judicial, los dos pilares básicos de la vida social. Es imposible tener una sociedad pacífica y organizada a menos que esos dos pilares sean fuertes y dignos de confianza".

(*) Se le cambió el nombre para proteger su identidad.